17 de noviembre de 2014. por Bruno Sommer Catalán, Director de EL Ciudadano.

La adopción de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente (AC) es una iniciativa ciudadana que gana terreno en el Chile actual.

La derecha conservadora, los más férreos opositores al propósito político de miles de organizaciones sociales que, sin contar con una vía institucional para el proceso que dé luz a un nuevo contrato social, ya han iniciado su camino constituyente.

La discusión sobre la imperiosa necesidad de una Asamblea Constituyente en Chile ha logrado romper el cerco informativo y situarse en el centro de la discusión política nacional.

La razón del silencio de los medios de comunicación al respecto es que los intereses de la oligarquía nacional podrían verse seriamente afectados.

La Constitución vigente es herencia de la dictadura de Pinochet y dejó una serie de amarres para mantener el status quo en favor de quienes han acumulado y concentrado el capital de manera estrepitosa.

Gustavo Ruz, coordinador del Movimiento por la Asamblea Constituyente, lo clarifica “Esta Constitución de Pinochet, que es la misma de Lagos del 2005 con pequeñas modificaciones irrelevantes, consagra el modelo neoliberal, nos obliga a los chilenos a ser neoliberales, a tener la economía concentrada en el 0,01 por ciento de la población, a que casi dos tercios del PIB esté en manos de capitales extranjeros.

“Chile tiene que terminar con ese modelo económico, porque es el modelo económico que fracasó en toda América Latina y Estados Unidos”. Sin duda, el amarre más importante de la Constitución vigente, es que el quórum para reformas de carácter constitucional es demasiado elevado y con la composición binominal del Congreso resulta prácticamente imposible de conseguir.

Resumiendo, para una reforma constitucional se necesita que 72 de los 120 diputados estén a favor, y 23 de los 38 senadores.

Bachelet y la nueva Constitución

Uno de los puntos del programa de gobierno que llevó a captar simpatía entre los votantes de la presidenta Michelle Bachelet, fue su compromiso de acabar con la Constitución de Pinochet.

Señaló claramente en su programa: “La Constitución actual se creó en 1980 en tiempos de la dictadura.

Es hora de tener una carta fundamental nacida en democracia y que sea producto de una discusión amplia y diversa y que recoja los cambios que Chile ha vivido en las últimas décadas”.

A continuación reforzó: “Actualmente los procesos democráticos se ven frenados por trabas autoritarias. Queremos una Constitución sin cerrojos, que garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos y deberes.

”Debemos ponerle fin al actual sistema binominal en el que salen electos candidatos con menor votación que otros que no llegan a la cámara. También es imperante modificar los altísimos quórums de aprobación de leyes”.

Pero hasta el momento todo ha quedado solo en buenas intenciones, pues ya se deja ver, con las presiones de las fuerzas de derechas conjuntamente con los sectores empresariales, que se quiere hacer que tome otro camino. Por un lado, el ala conservadora de la democracia cristiana –parte del Gobierno de coalición junto con el Partido Socialista de Bachelet– insiste en que el poder constituyente está en el Parlamento, y despliegan todas sus artes para que el nacimiento de una nueva Constitución provenga del Congreso, sin participación de la ciudadanía.

Mientras que desde palacio y de la mano de la Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón –una DC más “progresista”– se elabora un documento que contempla una iniciativa para realizar “consultas ciudadanas o cabildos abiertos” a lo largo del país, con el propósito de recabar ideas sobre un nuevo mecanismo que podría dar origen a la nueva Constitución.

Movimiento social por una Asamblea Constituyente

“Hemos andado tropezando, chocando unos con otros, sin reconocernos como iguales, como compañeras o compañeros, como hermanas o hermanos. Estamos en tiempos en que es necesario volver a vernos, a conocernos, a reconocernos”.

Éstas son las palabras con que se inicia un texto de la Vía Popular a la Constituyente, movimiento liderado por el Partido Igualdad, que se niega a sentarse a esperar a que sea el gobierno quien llame a una Asamblea Constituyente.

Ha optado por la acción directa, desplegándose por el país con discusiones y charlas educativas respecto a la necesidad de tomar socialmente un rol protagónico del futuro.

Acción similar es la llevada a cabo por el Movimiento por la Asamblea Constituyente, quien de la mano de actores como Gustavo Ruz y Matías Sagredo.

Su Escuela Ciudadana por una Asamblea Constituyente, ha logrado con éxito formar a más de 150 monitores que impulsarán esta causa en distintos lugares del país.

Durante el Quinto Congreso Internacional de Poder Constituyente, que se realizó a principios de otoño en Barcelona, Matías Sagredo fue enfático:

“No permitiremos que nos impongan nuevamente una constitución ilegítima, usurpando el poder constituyente y arrogándolo a un Congreso al que no le corresponde. Seguiremos trabajando hacia ese destino, con el fin de revertir este sistema corrupto en que el poder económico gobierna y los derechos ciudadanos están por debajo de aquél”. Otros de los actores relevantes del proceso constituyente son los de Marca AC, quienes durante las últimas elecciones presidenciales, llamaron a la ciudadanía a marcar los votos con las iniciales AC como una forma de hacer explícita la demanda popular.

Destaca a su vez el grupo transversal de nueve senadores que está a favor de una Asamblea Constituyente, columna formada por el líder del MAS, Alejandro Navarro; los PPD Jaime Quintana y Guido Girardi; los socialistas Rabindranath Quinteros, Alfonso de Urresti y Carlos Montes; y los independientes Antonio Horvath, Alejandro Guillier y Pedro Araya, quienes trabajan junto al abogado constitucionalista Fernando Atria.

Se calcula que en Chile son miles las personas, intelectuales, artistas, trabajadores/as, organizaciones sociales, medioambientales y de pueblos originarios, que han hecho público su respaldo a una Asamblea Constituyente, incluyendo organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), entre otras.

Finalmente, cabe señalar el resultado de la encuesta IPSOS de la Universidad de Santiago, una de las más serias y respetables del país, que reveló que un 74 por ciento de los encuestados considera que la Constitución Política debe cambiarse por una nueva.

Principales demandas constituyentes:

  • Educación pública de calidad y gratuita
  • Renacionalización del cobre y la gran minería
  • Derogación del Código de Aguas y nacionalización del agua
  • Descentralización y más poder para las regiones
  • Fin al sistema binominal de partidos
  • Reconocimiento a los pueblos originarios y declaración del país como un Estado Plurinacional


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