José Aylwin

Co Director del Observatorio Ciudadano

Han transcurrido seis meses desde la instalación de Bachelet en la Moneda, en este, su segundo gobierno. Con una nueva coalición -la Nueva Mayoría- y un programa de gobierno más ambicioso que el de su primera administración en materia de derechos humanos, el que tiene como pilares centrales la reforma tributaria, la reforma educacional, y la nueva constitución, su llegada a la Moneda generó, como era de esperar, expectativas.

Lamentablemente en este primer semestre de su gobierno se han ido evidenciando tendencias que resultan preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos. Una de ellas quedó de manifiesto con la reforma tributaria, recién aprobada por la Cámara de Diputados, fundamental para que el Estado pueda contar con los recursos para enfrentar las enormes desigualdades que existen en el país, por todos reconocidas. La señal dada en este sentido por el gobierno, con el aval de sus parlamentarios, al consensuar un acuerdo con la oposición que ha dado origen a lo que Gonzalo Martner llamó la reforma “desinflada” (El Mostrador, 10 de julio de 2014), es negativa. En efecto, aunque a través de esta reforma se eleva el impuesto a las utilidades de las grandes empresas del 20 al 27 %, y se elimina el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), en ella se deja fuera la minería, que podría haber adicionado al menos otros 8 mil millones de dólares a los que se pretende recaudar, los que únicamente alcanzan para financiar los cambios en materia educacional. La misma considera, además, la rebaja a los ingresos personales de más de 6 millones de pesos mensuales, con un costo de cerca de 300 millones de dólares.

Cabe recordar que es solo a través de una mayor recaudación tributaria que el Estado puede enfrentar los desafíos que tenemos en materia de educación, salud y vivienda, entre otros derechos. Recordemos que al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el Estado se comprometió a destinar el máximo de los recursos de que disponga para lograr la plena efectividad de estos derechos, cuestión que evidentemente no ha hecho.

Otra señal preocupante es la referida a la reforma del sistema previsional, la que no altera sustancialmente el sistema de las AFP impuesto por la dictadura, que como sabemos, ha sido la piedra angular de la capitalización de los conglomerados que controlan la vida económica del país. No obstante la demanda de sectores ciudadanos por una reforma sustancial del sistema y su sustitución por otro de carácter público y solidario que constituya una alternativa real para los trabajadores, el gobierno de Bachelet ha optado por presentar un proyecto para la creación de una AFP estatal, sin alterar la capitalización individual hoy dominante. Más aún, aquellos sectores que han venido abogando por la reforma profunda del sistema previsional vigente, fueron excluidos de la comisión constituida por Bachelet para el estudio de una reforma previsional.

También preocupante es la política seguida por Bachelet hacia los pueblos indígenas. A pesar de las positivas señales que ha dado el Intendente Huenchumilla al pedir perdón al pueblo mapuche por los daños provocados por el Estado, y al proponer soluciones políticas de fondo a la exclusión y al desposeimiento de tierras del pueblo mapuche, su gobierno no ha dado señas claras para abordar la deuda pendiente, por todos reconocida, con estos pueblos. La convocatoria a una serie de consultas de reformas legislativas, incluyendo la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y del Ministerio de Culturas, han sido realizadas en paralelo y, al menos en el caso de los dos primeros proyectos, sobre la base de la reglamentación de este derecho fundamental elaborada durante el gobierno anterior, sin una consulta adecuada a los pueblos indígenas, y restringiendo los estándares establecidos para estos efectos por el Convenio 169 de la OIT. Por lo mismo, ha concitado fuerte rechazo de las organizaciones representativas de estos pueblos. Por otro lado, el gobierno ha excluido toda referencia a estos pueblos en otras materias, y como consecuencia, su consulta, en proyectos emblemáticos como la reforma del sistema electoral binominal, ha resultado en la marginación indígena del parlamento. O el proyecto para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que por la sobreposición de éstas con las tierras de ocupación tradicional indígena, y por su mandato, afecta también directamente a estos pueblos. En el primer caso, Bachelet había anunciado en junio pasado la presentación de una indicación para incorporar un sistema de representación indígena en el Congreso, anuncio tardío que a todas luces responde al interés de su gobierno de no demorar la tramitación de esta iniciativa, dado que de conformidad con el Convenio 169 de la OIT debería haber sido consultada con los pueblos indígenas desde su etapa pre legislativa. Todo evidencia que en el caso del segundo proyecto, el gobierno utilizará la misma estrategia.

Por otra parte, la forma de abordar las demandas de tierras sigue siendo la misma del pasado, esto es la compra de tierras a precios especulativos (cuatro millones de pesos promedio en el caso de la comunidad de Temucuicui). Ello a pesar de existir mecanismos institucionales, como lo es la expropiación por causa de utilidad pública, para abordar una problemática histórica que genera conflictividad y cuya solución interesa a toda la sociedad.

Cabe recordar asimismo que los derechos de pueblos indígenas continúan siendo una preocupación para la comunidad internacional. Ello se ve reflejado en las recientes observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la necesidad de que Chile cuente con un reconocimiento constitucional de estos pueblos, una política y legislación que cumpla con los estándares de la consulta y el consentimiento indígena, y en que reconozca los derechos sobre sus tierras de ocupación tradicional. También en el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de aplicación de ley antiterrorista a autoridades y personas mapuche, el que da cuenta de la vulneración de derechos personales y garantías procesales en el contexto de la aplicación de esta ley en su contra, instando al Estado a reparar por diversas vías estas violaciones a derechos humanos, incluyendo la anulación de las sentencias condenatorias dictadas en su contra y la reforma de esta ley para asegurar el debido proceso.

Finalmente, una cuestión que resulta sumamente preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos es la postergación en la agenda del gobierno de Bachelet del debate sobre la nueva constitución política, uno de los tres pilares de su programa gubernamental. En efecto, luego de que este debate figurara en su agenda para el segundo semestre de este año, la presidenta Bachelet ha decidido postergarlo para el 2015, y algunos parlamentarios de su coalición -entre ellos Navarro y Harboe- incluso han afirmado que esta materia no será abordada sino hasta el final de su administración. La postergación del debate constitucional es grave, ya que como sabemos, es sobre la base de la Constitución de 1980 que se ha generado la apropiación de los recursos naturales de propiedad común, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y la exclusión de los sectores políticos, sociales y étnicos que no conforman los dos grandes bloques políticos dominantes.

Igualmente grave son sus recientes declaraciones descartando la Asamblea Constituyente como mecanismo para llegar a una nueva constitución. Con estas declaraciones Bachelet desoye una demanda de importantes sectores sociales y políticos que han propuesto esta modalidad para la elaboración de una nueva carta fundamental, por ser la más democrática y la que permite el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cual es el derecho de libre determinación de los pueblos, cercenado por la Constitución Política de 1980. Al descartar esta opción que permitiría la participación de todos los sectores sociales y políticos hasta ahora excluidos, como los pueblos indígenas, en la construcción de un pacto social inclusivo que rija la convivencia en el país, Bachelet está optando por dotar al actual Congreso Nacional de facultades constituyentes, opción que, dado el binominal, restringe la participación en el proceso constituyente a sectores cuya representatividad y legitimidad social y política es precaria, según constata el reciente informe de Auditoría a la Democracia en Chile del PNUD. Todo lo expuesto son señales lamentables, para un gobierno que dice tener un compromiso con la realización de los derechos humanos.

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11/09/2014

Por José Aylwin O.



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