En tanto proyecto político que ayuda a sortear una crisis social profunda, toda Constitución nace con una vocación de permanencia. Pero esto no significa que la Constitución pueda trascender la historia misma. Nunca un proyecto constitucional puede asegurar que no surgirán circunstancias críticas que cuestionen su vigencia.

Una Constitución puede establecer mecanismos para su reforma; se habla entonces de “poder constituyente derivado”. Este poder, que se contrapone al poder constitucional originario, expresa la soberanía popular en contextos como una revolución o un movimiento ciudadano que responde a la deslegitimación del orden constitucional vigente, y su función radica en formular una nueva Constitución.

Mario Fuentes Destarac en un artículo publicado en Crónica (26-3-2015), previene a aquellos que defienden la idea de refundar el país a través de una nueva Constitución. Argumenta que “todo acto del poder constituyente debe ser jurídico, es decir, respetuoso del orden constitucional y legal vigente”. Articulando una interpretación que despierta más dudas que certezas, Fuentes Destarac postula que “no puede pretenderse que la Asamblea Constituyente reforme preceptos constitucionales, cuya reforma no sea de su competencia; y, en todo caso, una convocatoria a la Asamblea Constituyente con tal propósito sería nula de pleno Derecho y en fraude de la Constitución, y susceptible de ser impugnada ante la Corte de Constitucionalidad”.

No discutiré la construcción interpretativa que plantea Fuentes Destarac. Solo quiero mostrar mi extrañeza ante la sugerencia de que el poder constituyente derivado pueda suprimir el poder constituyente originario. Frente a un emergente proyecto ciudadano que merece ser discutido por todos los sectores, no cabe acudir a una suerte de “criminalización constitucional” del poder constituyente originario. Fuentes Destarac debe ofrecer argumentos convincentes y bien construidos, y no interpretaciones formalistas que dejan afuera cualquier referencia a la legitimidad de un proyecto constitucional cuyo espíritu sustantivo nunca fue respetado, de todos modos, por elites que nunca se han interesado en construir un proyecto viable de país.

Fuentes Destarac haría bien en decirnos cómo el poder constituido engulle al originario. Esta tarea necesita trascender la jurisprudencia y los artículos constitucionales que presuponen el orden cuestionado –si no se quiere caer en una petición de principio. Los procesos constituyentes originarios superan lo jurídico para plantear constelaciones de lo político, lo moral y lo histórico. Cuando un pueblo ve restringidos, de manera sistemática, sus derechos y garantías (un proceso deconstituyente) puede abandonar el pacto constitucional vigente para plantear uno nuevo.

Así, pues, un poder constituyente originario, consciente y consensuado, puede expresar compromisos sociales profundos para superar la crisis de legitimidad de un sistema que no responde a los intereses generalizables de la ciudadanía. Este proceso, a su vez, puede constituirse en una garantía de que los procesos constituyentes originarios no sean secuestrados por los poderes ocultos de siempre o por oportunistas proyectos electoreros.

Estamos de acuerdo con el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky cuando sostiene que la legitimidad de una Constitución depende de “la capacidad de ofrecer respuestas adecuadas a nuestro tiempo”. Así, ¿cómo puede suprimirse constitucionalmente el poder democrático de responder a los desafíos más urgentes –e. g. cambio climático, captura mafiosa del Estado– cuando la forma estatal que delinea nuestra vida ciudadana está erosionada por la corrupción y la miopía histórica de influyentes elites económicas?

Se necesita un nuevo pacto constitucional que, movilizado en un Estado fuerte capaz de recuperar el desarrollo sustantivo de los derechos humanos, pueda crear proyectos alternativos a los propuestos por elites globales y nacionales que visualizan nuestra vulnerabilidad como incentivo para la inversión. No podemos combatir la precariedad laboral con planes de desarrollo que sujetan la dignidad humana a los imperativos sistémicos del mercado.

Al exigir nuevos pactos sociales, la conciencia ciudadana –expresada en movimientos sociales, ciudadanos, indígenas, feministas– no expresa aisladas ocurrencias constitucionales. La reactivación global de las discusiones sobre el poder constituyente está motivada por la progresiva erosión de las libertades, los valores y los principios constitucionales por influyentes fuerzas sociales que, gobernando este país desde la sombra, han desmantelado los pilares éticos de la función pública. En este sentido, el nuevo Estado debe liberarse de las cadenas económicas que se impusieron en la reforma constitucional de 1994 y debe examinar cualesquiera políticas de austeridad diseñadas por los acreedores.

En resumen, el poder constituyente originario, movilizado por una Asamblea Nacional Constituyente, es la única instancia que puede establecer la hoja de ruta para salir de la crisis multidimensional que plantea la globalización neoliberal en nuestro país. Detrás se encuentran la ineludible certeza de que el ser humano es una infinita vocación de futuro. En esta coyuntura, es una esperanza que puedan emerger, en toda su plenitud y racionalidad, la sensatez de las perspectivas indígenas que palpitan en nuestro sentir ciudadano. Un poder constituyente derivado que intenta suprimir estas ansias podrá ser legal, en el más ínfimo sentido, y nunca podrá reclamar el más ligero matiz de legitimidad.

Jorge Mario Rodríguez Martínez es Doctor en filosofía por la York University y Profesor de posgrado en la USAC.



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